Las entidades financieras y el cumplimiento de DORA. Estado actual y próximos retos

Amaia Chaparro Toledo
Directora del Área de Consultoría SGSI, Derten

El Reglamento (UE) DORA (Digital Operational Resilience Act) impone una serie de requisitos a las entidades financieras para mejorar su resiliencia operativa y ciberseguridad. A partir del 17 de enero de 2025, las autoridades de supervisión pueden exigir el cumplimiento de estos requerimientos.

Las entidades financieras han encontrado varios obstáculos en el proceso de implementación de DORA. Entre los principales desafíos se incluyen:

Las entidades financieras han encontrado varios obstáculos en el proceso de implementación de DORA. Entre los principales desafíos se incluyen:

Las entidades deben implantar, revisar y actualizar sus políticas de gestión de riesgos TIC para cumplir con los requisitos de DORA.
Es necesario mejorar los sistemas de ciberseguridad para garantizar la continuidad y calidad de los servicios ante cualquier incidente desde una perspectiva tanto técnica como documental.
Las entidades deben adaptar sus contratos con proveedores tecnológicos para cumplir con las disposiciones contractuales clave de DORA.

En cuanto al estado de situación actual, el tamaño de las entidades también se hace notar en la implantación de los requerimientos de DORA.

Las entidades financieras más grandes han avanzado significativamente en la implementación del Reglamento DORA. Algunas de las medidas específicas que más les está costando implantar es la elaboración del Registro de información de terceros y la actualización de contratos con proveedores tecnológicos y de la cadena de suministro. Surgen dudas sobre el proceso de homologación de los proveedores esenciales a nivel macro.

Las entidades financieras más pequeñas enfrentan varios desafíos importantes en la implementación del Reglamento DORA. Entre los principales obstáculos se incluyen:
Las entidades pequeñas a menudo carecen de recursos necesarios y con la cualificación en la materia necesarios, para implementar las medidas de ciberseguridad y gestión de riesgos requeridas por DORA.
En muchas entidades se hace patente la necesidad de mejorar los sistemas de ciberseguridad para garantizar la continuidad y calidad de los servicios ante cualquier incidente.

Las entidades deben adaptar sus contratos con proveedores tecnológicos para cumplir con las disposiciones contractuales clave de DORA.

En este punto, es necesario destacar sobre todo la necesidad de contar con proveedores TIC de confianza, especialmente en el caso de proveedores de desarrollo de Software, a los que cada entidad financiera les está solicitando la firma y adecuación de contratos adecuados a DORA. Desde este punto de vista, la gestión contractual por parte de estos proveedores está siendo también una labor ardua, porque además se ven afectados por la normativa al igual que sus entidades clientes.

Las autoridades de supervisión se centrarán en:
Supervisar de cerca el cumplimiento de los requisitos de DORA por parte de las entidades financieras.
Proporcionar guías y estándares técnicos específicos para facilitar la implementación de DORA.
Evaluar la efectividad de las medidas implementadas por las entidades financieras y realizar ajustes según sea necesario.
17/04/2025 fecha en la que las entidades financieras obligadas deberán haber confeccionado y presentado ante la autoridad de supervisión competente sus respectivos Registro de información de terceros.
En ALMIS estamos concienciados con la Seguridad de la Información y con el cumplimiento de las diferentes normativas. Es por ello que llevamos en proceso de adecuación a DORA desde hace unos meses y contamos para ello con el soporte y asesoramiento de nuestra empresa de referencia en consultoría SGSI y ciberseguridad DERTEN.

Nuevas normativas europeas. Reglamento MICA

Y la cosa no queda aquí, nuevas normativas llegan de Europa.

A las entidades de gestión de criptoactivos así como a sus proveedores de servicios les es de aplicación lo dispuesto en el Reglamento MICA (Markets in Crypto-Assets) que establece un marco regulatorio para los criptoactivos y los proveedores de servicios relacionados con ellos. Su objetivo es garantizar la protección de los consumidores y la integridad del mercado, así como fomentar la innovación en el sector de los criptoactivos.

De ello hablaremos más en detalle en nuestra próxima newsletter.

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